Alcaldes y Gobernadores NO PODRÁN expedir permisos de compra de Armas y Municiones

La Corte Constitucional declaró exequibles los artículos 32 y 41 del decreto 2535 de 1993, el cual contempla que los competentes para la expedición de los permisos en materia de armas, municiones y explosivos son: el Jefe del Departamento Control Comercio Armas, Municiones y Explosivos, los Jefes de Estado Mayor de las Unidades Operativas Menores o sus equivalentes en la Armada Nacional o la Fuerza Aérea y los Ejecutivos y Segundos Comandantes de Unidades Tácticas en el Ejército Nacional, o sus equivalentes en la Armada Nacional y la Fuerza Aérea.

Amigo ciudadano, ¿ya conoce la resolución 001 del 12 de febrero de 2020? |  Policía Nacional de Colombia

El control de venta de armas y
permisos para portarlas será de
exclusividad del Ejército

Los demandantes argumentaban la existencia de una omisión legislativa, puesto que los artículos cuestionados excluyen a los alcaldes y gobernadores de la competencia para expedir dichos permisos. “Esta omisión materializa una vulneración de la supremacía del poder civil sobre el militar, la democracia participativa y la autonomía de las entidades territoriales”, señalaba la demanda.

EL TRIBUNAL SUPREMO DE ESTADOS UNIDOS ABORDA DE NUEVO LA RESTRICCIÓN AL  DERECHO A PORTAR ARMAS: NEW YORK STATE RIFLE & PISTOL ASSOCIATION v CITY OF  NEW YORK. | MONSIEUR DE VILLEFORT

La Corte Constitucional estudió el caso y, con ponencia de la magistrada Cristina Pardo Schlesinger, encontró que no se configura la omisión legislativa, puesto que esta facultad de otorgar permisos para tenencia y porte de armas o su suspensión no resulta esencial para que estas autoridades diseñen y ejecuten sus programas de gobierno en materia de seguridad y mantenimiento del orden público en sus territorios.

“La competencia solicitada por los accionantes no resulta esencial para el mantenimiento del orden público en las regiones y municipios. De modo que no estar facultado para tal fin, no vulnera el principio de autonomía de las entidades territoriales en la medida en que los planes de gobierno en esta materia se diseñan teniendo en cuenta sus competencias constitucionales y legales”, explicó el alto tribunal.

El fallo concluye que tampoco se advierte un desconocimiento del principio a la participación porque “los planes de gobierno en materia de seguridad y mantenimiento del orden público se diseñarán y expondrán por las autoridades territoriales en el marco de sus competencias legales y constitucionales”.

Director: Habib Merheg Marún

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here